México: Arely Gómez recibió a grupo de CIDH que revisa caso Iguala
Arely Gómez, fiscal general de México, recibió hoy al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analizan el caso de los 43 estudiantes de Iguala desaparecidos.
“Colaborar abiertamente y con transparencia con los expertos para que desarrollen de la mejor forma su labor”, es la intención de la Procuraduría General de la República (PGR) con respecto a la misión de la CIDH que revisa la investigación efectuada por la justicia mexicana sobre la masacre.
El Senado de México ratificó el martes 3 por amplia mayoría a Arely Gómez como nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en sustitución del renunciante Jesús Murillo, cuestionado por la investigación de la masacre de Iguala.
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Gómez, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, obtuvo 104 votos a favor, cinco en contra y una abstención. La funcionaria, quien juró sin pronunciar un discurso, se ha comprometido a rediseñar la transparencia de la PGR y atender las observaciones de organismos de derechos humanos.
Jesús Murillo Karam, quien encabezó las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, dejó el cargo de fiscal general de México.
El Ejecutivo anunció la semana pasada que el cuestionado funcionario pasará a encargarse de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial en reemplazo de José Carlos Ramírez.
El giro de la gubernamental Procuraduría General de la República (PGR) hacia una fiscalía autónoma, incluida dentro de la reforma constitucional política aprobada en 2014, motivó que el relevo de Karam fuera esperado desde hace meses.
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La gestión de Murillo Karam, exsenador, diputado y gobernador por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), era rechazada por los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa secuestrados el 26 de septiembre en el estado de Guerrero.
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Los deudos cuestionan a la conclusión de la investigación oficial de pretender no indagar más allá. La versión que Murillo da como “certeza legal” sostiene que los jóvenes fueron entregados por policías corruptos a narcotraficantes de Guerreros Unidos, los que los asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río debido a que les dijeron que integraban una banda rival.
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