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Fiscalía ya investigaba denuncia sobre la DINI

Las investigaciones en el ámbito del Ministerio Público al acopio de información de políticos y empresarios atribuidos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) serán serias, objetivas y sin ningún tipo de apañamientos, aseguró el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

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Confirmó que su despacho ya recibió la solicitud formulada al respecto por la Jefa del Gabinete, Ministerial, Ana Jara, quien explicó en el Congreso los detalles de este caso, de modo tal que ese documento, dijo Sánchez, fue remitido a la 46° Fiscalía Penal, que ya investigaba el hecho.

Según el titular del Ministerio Público, la información publicada por un semanario local, con el acopio de datos sobre funcionarios, políticos, empresarios, militares y periodistas, será derivada como elemento nuevo a esa instancia fiscal.

“Esta fiscalía común estaba ya investigando este hecho desde hace algún tiempo, de manera que los nuevos elementos de juicio que están vinculados serán investigados por una misma fiscalía. Lo que se quiere es resultados y saber qué pasó”, expresó en diálogo con la Agencia Andina.

Para Sanchez, la duración de las pesquisas dependerá de los plazos que fije la fiscal a cargo del caso, a quien –según remarcó- corresponderá al final del proceso determinar si existen o no responsabilidades o hechos delictivos en funcionarios de la Dini que merezcan ser denunciados.

“Ya se inició la investigación y si hay responsabilidades de orden penal, se denuncia (…) Garantizamos objetividad, seriedad, independencia y le estamos dando celeridad a este caso, sin ningún tipo de apañamiento. Para eso se investiga”, aseveró el fiscal de la Nación.

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La presidenta del Consejo de Ministros descartó el viernes que el Gobierno haya ordenado a la DINI realizar acciones ilegales, y pidió al fiscal de la Nacióninvestigar por qué este órgano acopió información pública sobre funcionarios del gobierno, políticos, entre otros personajes.

En su presentación ante el Pleno del Legislativo, Jara dejó en claro que en el Gobierno, ni el presidente Ollanta Humana, ni ella como vocera del Ejecutivo, han dado órdenes o directivas para realizar acciones ilegales, como espionaje, seguimiento o interferencia de las comunicaciones.

Señaló que esa conducta guarda una gran diferencia con lo ocurrido en anteriores gobiernos, donde los servicios de inteligencia fueron usados para afectar derechos fundamentales, como cuando se realizaron videos de seguimientos a políticos con fines de extorsión.

Fuente: Andina