España aboga por sanciones a Nicaragua por "sanguinaria represión"

España considera que la comunidad internacional debe sancionar a Nicaragua por la “sanguinaria represión” en las protestas de los meses pasados | EFE

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró hoy a favor de que la comunidad internacional imponga sanciones a Nicaragua por la “sanguinaria represión” de las protestas de los últimos meses.

Borrell expresó la preocupación de España por la situación de Nicaragua en su intervención en el Foro Iberoamérica que se celebra en Madrid y cuya inauguración ha presidido el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro asumió que la posibilidad de imponer sanciones al régimen de Ortega no parece estar ahora sobre la mesa, pero cree que sería una opción ante la imposibilidad de que haya un mediador en la crisis nicaragüense.

Borrell ha comentado que ya trasladó a su homólogo de Nicaragua el rechazo de España y de la Unión Europea a la represión contra muchas de las personas que han expresado sus protestas en el país centroamericano, y que según organizaciones humanitarias han causado cientos de muertos en los últimos meses.

En ese sentido, ha explicado que lo que puede hacer España es ejercer una presión diplomática sobre el régimen del presidente Daniel Ortega ante este tipo de actitudes.

Para el ministro español de Exteriores, lo que está sucediendo en Nicaragua parece quedar en un segundo plano en la esfera internacional debido a que se presta más atención a la crisis en Venezuela.

Las declaraciones del ministro español se producen apenas unos días antes de que se celebre en Guatemala la XXVI Cumbre Iberoamericana, reunión a la que asistirá el presidente español Pedro Sánchez, y a la que también ha mostrado interés en asistir el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Nicaragua vive desde abril pasado una oleada de protestas en las que han muerto más de 300 personas, según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han responsabilizado al Gobierno de Daniel Ortega de esa represión.

Ortega niega tener responsabilidad y sostiene que las protestas en las que los nicaragüenses piden su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, obedecen a un intento de “golpe de Estado”.

EFE

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