Casa de Alan García: Universidad San Martín avaló un préstamo de US$300 mil al exmandatario

Alan García adquirió una vivienda en Miraflores por US$830 mil en noviembre de 2012. (Foto: flickr.com/presidenciaecuador)

En octubre de 2012, Alan García adquirió una vivienda en Miraflores por US$830 mil. El expresidente dio a conocer esta adquisición en una entrevista con el periodista Beto Ortiz precisamente cuando empezaban a investigarse las millonarias compras de Eva Fernenbug – suegra de Alejandro Toledo – y pasó inadvertida.

Una investigación del semanario Hildebrandt en sus trece revela que la casa de la calle Manuel Freyre Santander fue adquirida en tres cuotas: una de US$400 mil con un cheque de gerencia del BBVA Continental, la segunda de US$130 mil con un cheque personal del mismo banco y la tercera con un préstamo de US$300 mil del Banco Interamericano de Finanzas (Banbif).

Este último préstamo, solicitado en septiembre de 2012, es avalado con un contrato de fianza solidaria – una garantía contra todo riesgo en caso de que García no cumpla con el pago – por la Universidad San Martín, propiedad del exministro aprista José Antonio Chang y donde el exmandatario trabaja como director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública.

La universidad avala “cualquier obligación directa, indirecta, principal o accesoria, incluidas operaciones de arrendamiento que el fiado (García) mantenga o pueda mantener (…) La fianza es ilimitada y sin reserva o cualquier accesorio de las obligaciones a cargo del fiado, aun cuando por estos conceptos se exceda el límite del crédito”, señala el contrato.

Lo que el documento, expedido el 6 de noviembre del año pasado, expresa es que si el líder aprista no cumpliera con los pagos hipotecarios, la San Martín se haría cargo de estos. “Los fiadores (la universidad) aceptan desde ahora y prestan su asentimiento anticipado a las prórrogas, financiaciones y reprogramaciones que se concedan al fiado (García), renunciando al derecho de ser notificado de ellas”, añade.

Llama la atención que una institución sin fines de lucro sea garante de un préstamo para adquirir una vivienda sin fines educativos, más allá de si el beneficiario sea o no un trabajador de la entidad.

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