Áncash: Fiscal recibe amenazas de muerte desde que investiga al gobierno de César Álvarez
La presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno Rivera, reveló que ha recibido ocho amenazas de muerte desde que asumió esta dependencia, especializada en delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en Áncash.
Moreno Rivera reemplazó a Dante Farro Murillo, fiscal cuestionado por su participación en el caso ‘La Centralita’, local desde el que presuntamente se organizaba el chuponeo contra los enemigos políticos del presidente regional de Áncash, César Álvarez. En ese edificio vivía el congresista Heriberto Benítez.
Según una denuncia del congresista Modesto Julca, el 13 de julio de 2011, cuando se allanó el predio, Farro citó a su oficina a César Jiménez, fiscal asignado al caso, para “advertirle” sobre el poder de Álvarez y sus influencias. En el lugar se encontraban el presidente regional y el parlamentario Benítez.
“Me han amenazado con mensajes de texto, llamadas telefónicas, arreglos florales funerarios, en fin. Todo empezó desde que tomamos conocimiento de las denuncias contra César Álvarez y funcionarios del gobierno regional de Áncash”, declaró Moreno al diario La República.
Por ello es que la fiscal utiliza chaleco antibalas y tiene dos agentes asignados para su custodia. “Yo soy amenazada como fiscal superior anticorrupción. Yo soy la que sustento en las audiencias y las argumento con firmeza”, agregó la funcionaria.
Moreno asumió su cargo el 27 de marzo, pero en febrero de este año revocó una resolución que ordenaba el archivamiento de la investigación por la construcción del coliseo cerrado de Chimbote, obra paralizada y valorizada en unos S/.40 millones.
Los proyectos inconclusos y otras presuntas irregularidades motivaron a que la Contraloría investigara el gobierno de Áncash y pidiera al Ministerio de Economía congelar temporalmente sus cuentas, sanción vigente desde esta semana.
Curiosamente, hay más de 900 denuncias contra funcionarios de la región, pero en ninguna aparece el nombre de César Álvarez. En tanto, el procurador Christian Salas reveló que la autoridad tiene 20 denuncias archivadas de forma irregular, así como siete en trámite. “Vamos a tomar las acciones que corresponden para fijar responsabilidades de los magistrados”, destacó.