La justicia del Poder Judicial, la justicia popular y la de Sendero Luminoso
Por José Miguel Silva / @jomisilvamerino
Justicia y poder en tiempos de violencia (Fondo Editorial de la PUCP, 2013) recoge una investigación del joven historiador Mario Meza Bazán. El autor desmenuzó tres formas de administrar justicia durante los años 1970 y 2000. Un débil Poder Judicial, un sector de la sociedad que lincha a sus delincuentes y un Sendero Luminoso que impone sus ideas a través de la sistemática violación de los derechos humanos de quienes no piensan como ellos.
¿En qué año empezó esta investigación?
Esta es mi tesis de Maestría en Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación nace desde el año 2000. Lo que quería básicamente era estudiar y conocer cuál era la crisis de la justicia en el Perú, más como un valor de la sociedad, un pensamiento o un concepto de la esta.
¿Cuáles son los tres tipos de justicia que estudiaste y por qué los elegiste?
Al tocar el tema de la justicia debía ir más allá del Poder Judicial, de las leyes y de los abogados. Decidí buscar otras prácticas diferentes de justicia que fueran a la sociedad misma. Cuando digo la sociedad misma, me refiero no solo a lo que la gente quiere como formas informales de justicia, sino también lo que la propia sociedad venía generando como un fenómeno de violencia social y política, que tenía sus propias expresiones a través de lo que – por ejemplo – el propio Sendero Luminoso venía haciendo en el Huallaga, una zona declarada en estado de emergencia, que estaba atravesada por el narcotráfico y por varias formas de violencia.
¿Tienen los medios de comunicación algún tipo de influencia en la imagen de la población sobre la justicia en el Perú?
Yo creo que sí. Es una influencia relevante, sobre todo porque dan una visión de país. Si bien los noticieros abren – en su mayoría – con la noticia política del día, luego viene un amplio espacio de delincuencia, de violaciones y de muchas formas de delitos. Esa es la parte de la tinta roja de todo informativo, cosa que también ocurre en la prensa escrita. Eso da una imagen de lo que es la vida cotidiana y sobre todo de la justicia y principalmente de las injusticias que existen en nuestro país. En buena parte, estos problemas se reflejan en los noticieros y esto es crucial en la vida de las personas porque obtienen una percepción sobre cuál es el estado de la injusticia en el Perú.
Tu investigación abarca desde 1970 hasta el año 2000. ¿Cómo encontraron los militares la justicia y cómo la dejaron al devolverle el poder a Belaunde?
Básicamente, a ellos les parecía una justicia muy mala, por eso intervinieron el Poder Judicial en 1969. Implementaron una reforma judicial – una de las tantas – con la que buscaron acomodar la administración de justicia de acuerdo a los nuevos cánones que ellos buscaban imponer. Querían una justicia revolucionaria en función de sus reformas. Cuando se fueron los militares del poder, muchas cosas se mantuvieron. Aspectos como la elección de los jueces era un tema complicado y muy debatido. Se comenzó a instaurar un nombramiento de jueces a través de comisiones especiales, en este caso del Consejo Nacional de Justicia, que era una especie de órgano de evaluación del Poder Judicial, pero que era elegido básicamente por los militares.
Ya en la democracia y en medio de la lucha contra el terrorismo, los gobiernos decretaron estado de emergencia en distintos lugares y ocasiones; y cedieron el control de algunas zonas del país a los militares ¿Cuáles eran las dificultades para impartir justicia en este contexto?
El haberle dado el poder a los militares en un contexto de expansión de la violencia senderista en las zonas de emergencia era prácticamente declararlas en un estado de guerra, lo cual iba a limitar la protección de los derechos humanos, especialmente para que los jueces y los fiscales hicieran un buen papel. Eso se refleja en un caso que describo en el libro, el del asesinato de los nueve periodistas en Uchuraccay y luego en el caso La Cantuta.
¿Estás en contra o a favor de la existencia de los fueros militares y policiales?
Me parece que ellos han tenido un espacio de actuación demasiado autónomo de la justicia formal o constitucional. No lo digo porque así lo establezcan las leyes – pues sí los restringen -, sino que el problema es que cuando hay tiempos de crisis, los poderes fácticos rebasan todas esas limitaciones. Hay un problema de fondo y es el cómo debemos situar la función de estos ámbitos dentro de un adecuado sistema democrático.
Estudiaste una serie de casos en los que la prensa cubre linchamientos. Tus ejemplos son tomados básicamente de periódicos limeños. ¿Qué ocurre al interior del país?, ¿cuál es la situación allá?
Lima es una ciudad muy grande y, por lo tanto, el diario Ojo (mencionado en el libro) tenía una cobertura muy importante en los 70, 80 y 90, sobre todo en Lima. Lo que se reflejaba en ese diario era lo que afectaba las grandes ciudades del Perú. Estas ciudades recibieron un gran caudal de gente que cuando se vieron colmadas, estas poblaciones no pudieron ser incorporadas de una manera adecuada. Frente a ese tremendo caudal poblacional sin agua, sin luz ni justicia, creo que – en gran parte – la prensa vio que ese era un caldo de cultivo publicitario acerca del fenómeno de la inseguridad y del miedo en el Perú.
¿Es correcto pensar que los linchamientos tienen algún efecto disuasivo en posibles nuevos delincuentes?
Un efecto práctico disuasivo o que genere algún tipo de efecto positivo para la seguridad ciudadana, no. Es cierto que cuando se ejecuta un delincuente en un barrio, probablemente tendrá un efecto, pero no contribuye en nada a que el sistema de justicia vaya a mejorar. Al contrario, aquí sale favorecido el poder político. ¿Por qué? Porque lo que se está esparciendo es la idea de que, en una sociedad donde el Estado es incapaz de hacer justicia, existe el espacio para – en nombre de una necesidad colectiva – se haga lo que sea en momentos de crisis. Golpes de Estado, cerrar el Congreso o el Poder Judicial, todo en nombre de la seguridad.
¿Cuál era el objetivo de Sendero Luminoso al masacrar brutalmente a decenas de autoridades al interior del país?
Su objetivo político era eliminar todo tipo de autoridad en el campo para imponer sus propios mandos y dar formas de escarmiento y aleccionamiento de funcionarios que – supuestamente – eran corruptos o abusivos. En realidad, esto era un pretexto para generar un vacío de poder. Ya hablando sobre la actualidad, vemos que existe un sentido común que atraviesa buena parte de la población: la autoridad corrupta o abusiva es sacada a través de otras formas, o revocándolas o quizás linchándolas, como pasó en Ilave. Sendero Luminoso aprovechaba este sentimiento popular, esa necesidad de controlar a las autoridades – que no es nueva – no para simplemente sacarlas, sino para matarlas.
Hablas de Sendero Luminoso y en ellos existe una contradicción casi natural. En el caso del Huallaga (que se menciona en el libro), ellos llevaban el mensaje de justicia, pero a la vez tenían nexos con el narcotráfico, una industria completamente ilegal…
Este es un tema bastante complejo. Aquí vemos cómo la justicia se asocia con el poder. Este es un fenómeno que puede estar presente en Sendero o dentro de las propias autoridades del Estado. ¿Cómo asociamos la idea de la justicia con el poder? Se entiende que la justicia es en realidad un limitante natural y asociado – necesariamente – al hecho de limitar la voluntad de quien tiene el poder. Entonces, las personas saben que cuando tienen una autoridad, esta debe comportarse según lo que establece la ley, pero también según lo que la gente considera correcto. Aquí vemos también la percepción de la justicia como un valor. Obviamente, Sendero Luminoso quería tener la aceptación de la gente ajusticiando a autoridades corruptas, pero además con ello podían dar a conocer su estilo de “justicia cruel, pero eficiente”.
Una justicia sin ningún tipo de restricción…
El problema era que la justicia y el poder – en el caso de Sendero – aparecieron de una manera muy diáfana, muy contradictoria, porque Sendero tenía un proyecto que no obedecía a la voluntad de la población, sino a una ideología. Si le era beneficioso actuar haciendo justicia, lo hacía porque tenía el objetivo táctico político de ganar a esa población. ¿Por qué quería hace eso? Para poder tener un lugar donde poder funcionar y operar en términos estratégicos y militares. La necesidad de tener una población sujeta a su dominio, lo hacía que negocie – política y pragmáticamente – con el narcotráfico. Había (en Sendero) objetivos políticos que satisfacer. No buscaban cumplir con las necesidades de la gente, sino conquistar el poder a través de la violencia.