Escalante dijo que hay una campaña de demolición en su contra. (Foto: Andina)
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El ministro del Interior, Walter Albán, será interpelado hoy desde las 4 pm en el Congreso por las presuntas irregularidades en la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) –adscrita a su cartera– y el supuesto uso político de fondos públicos de parte de Dacia Escalante, hasta el miércoles jefa de esa dependencia.
Albán debe responder un pliego de 20 preguntas enfocadas en la supuesta utilización política de los gobernadores, que –según las denuncias– fueron parte de una ‘portátil’ del Gobierno en al menos tres ocasiones, una de ellas con ocasión del fallo de La Haya. El presidente Ollanta Humala reconoció, en tono desafiante, que él los invitó a Palacio.
Pese a que renunció a su puesto en Onagi, la oposición sostiene que Escalante no será excluida de las pesquisas, pues debe responder por las denuncias periodísticas de las últimas semanas, entre ellas la utilización de premios no cobrados para regalar canastas navideñas los empleados de la oficina para “motivarlos”.
A juicio del legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril, la salida de Escalante no aclara las dudas sobre la gestión de Albán, pues la funcionaria no renunció como “gesto propio”, sino que fue “presionada por la oposición”. “Él ministro debe decir por qué no la echó de inmediato”, destacó el fujimorista.
Hasta ahora, Albán ha sido cauto para referirse a las acusaciones sobre Escalante. Tras una sesión del Consejo de Ministros, el titular del Interior dijo que la renuncia de la jefa de Onagi “distenderá el debate para ir a los temas de fondo”. Añadió que no condicionó su continuidad en el gabinete a esta renuncia.
En ese sentido, el legislador del PPC Alberto Beingolea criticó la “mucha consideración” que ha tenido el Gobierno con Escalante. “La salida es tardía y bajo presión, pero es mejor que esté fuera a que esté dentro (…) Eso no la debe liberar de las explicaciones en el Congreso, la interpelación debe seguir”, señaló.
¿De qué la acusan?
La excongresista –militante del partido oficialista– también recibió S/.29.000 por vacaciones truncas pese a que no fue ni despedida ni renunció a la institución. Ese cobro, en opinión de expertos en derecho laboral, es irregular. En su defensa, ella alega que existe una campaña de demolición comandada por el Apra.
La exfuncionaria también es denunciada por haber transferido premios no reclamados a militantes del Partido Nacionalista en vez de a fines sociales y de utilizar a los gobernadores regionales para funciones de su agrupación política. El oficialismo no ha reconocido directamente la veracidad de las acusaciones que pesan sobre Escalante.
¿Qué debate sigue?
Más allá de la salida de Escalante y la interpelación a Albán, la discusión ahora se centra en si es necesaria la existencia de Onagi, una oficina que supervisa la labor de los gobernadores de todo el país. Para el congresista aprista Mauricio Mulder, por ejemplo, sus funciones se superponen a las de gobiernos regionales y municipios locales.
Becerril considera que la Onagi debe ser desactivada, debido a que es utilizada políticamente por el Gobierno. En tanto, Beingolea destaca que la dependencia debe restructurarse y cumplir sus verdaderas funciones con una fiscalización ardua del Ministerio del Interior.
