(Foto: USI)

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Aquí el texto del comunicado emitido por el Ministerio Público costarricense sobre la investigación al expresidente Alejandro Toledo:

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales abrió una investigación de oficio con el fin de determinar si en nuestro país se constituyeron o no sociedades para ejecutar transacciones mercantiles, compras de activos o si hubo trasiego de dinero procedente de actividades delictivas ejecutadas en Perú.

La apertura de la causa tiene origen en información de inteligencia recibida, en datos generados mediante una asistencia penal internacional solicitada a Costa Rica por la Fiscalía de la Nación de Perú, así como en publicaciones de prensa que cuestionaron la adquisición de una propiedad (en una exclusiva zona de Perú) por parte de una sociedad con domicilio en nuestro país, vinculada con la suegra del expresidente peruano Alejandro Toledo.

Por ese caso, Perú mantiene una investigación abierta por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, al parecer cometido por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, durante la administración del exmandatario.

El delito que investiga el Ministerio Público de Costa Rica es legitimación de capitales.

“Hemos procedido a gestionar el acceso a toda la información bancaria de las sociedades y personas físicas involucradas, del mismo modo hemos ejecutado la inmovilización de dinero por una suma aproximada a los seis millones y medio de dólares, que una de las sociedades administradas por las personas cercanas al expresidente Toledo mantenía en una cuenta de un banco privado costarricense”, manifestó el coordinador de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, Olger Calvo Calderón.

El fiscal indicó que “por el momento la investigación se dirige contra las personas que de alguna u otra manera han formado parte de las operaciones que se encuentran bajo investigación, lo que no descarta la participación de costarricenses aun no identificados”.

El Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación de Perú continuarán realizando diligencias propias de la investigación y se apoyarán en la localización de elementos de prueba que permitan avanzar ambas investigaciones.