(Foto: USI)

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El líder aprista Alan García aseguró hoy que al sentenciado expresidente Alberto Fujimori (75) sí le corresponde recibir una pensión por parte del Estado, pese a que actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos, impuesta en 2009.

“Sí le corresponde (recibir una pensión), una parte puede ser retenida para el pago de los perjuicios que le hubieran señalado en la sentencia, pero hay un derecho (…) Puede ser que algunos estén en desacuerdo, pero los derechos son los derechos y hay que respetarlos”, manifestó en diálogo con la prensa.

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El miércoles, William Castillo, abogado del exmandatario, reclamó que su defendido “no recibe ni un centavo”, por lo que pidió a organizaciones de derechos humanos que le ayuden a tramitar una pensión para su patrocinado.

En ese sentido, García explicó que, de acuerdo a ley, una parte de la pensión que eventualmente recibiría Fujimori se puede descontar para que pueda abonar la reparación civil que se le impuso el día que fue condenado.

“Por más adversario que haya sido el expresidente Fujimori y me haya perseguido durante nueve años, se tienen que respetar sus derechos”, reiteró.

Saluda elección
Por otra parte, el dos veces presidente del Perú felicitó al Congreso de la República por haber elegido –después de cinco años – a los seis nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Constitucional (TC).

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Consideró, no obstante, que “en algún momento” se tiene que cambiar la forma de elegir a los miembros del referido colegiado “para que no se repita la repartija”.

“Debo saludar que se haya elegido a seis personas que, en mi concepto, parecen serias. Algunos son conocidos, otros lo son menos, pero no parece haber tacha fundamental sobre ninguno. El país necesitaba terminar con el interinato y demostrar que sus instituciones funcional. Esta vez el Parlamento ha funcionado”, expresó.

García manifestó su deseo de que así como se designó a los nuevos miembros del TC, la representación nacional pueda elegir también – y por consenso – al nuevo defensor del Pueblo.

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