John Kerry pidió a los países centroamericanos a colaborar con EEUU. (Foto: nostri-imago/Flickr)
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El secretario de Estado, John Kerry, pidió a los países de América Central trabajar en conjunto con el gobierno de Barack Obama para frenar la llegada masiva de menores no acompañados que llegan a los Estados Unidos ilegalmente.
Kerry, que se encuentra en Panamá para la investidura del presidente electo de ese país, Juan Carlos Varela, dijo que la crisis ha llegado a un momento crítico y que es necesaria una acción concertada y urgente para resolver los casos de más de 50.000 jóvenes ya detenidos en EEUU.
El jefe de la diplomacia estadounidense también instó que se tomen medidas inmediatas para hacer frente a la pobreza y la delincuencia que afectan a la región, consideradas como las causas del fenómeno.
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“Decenas de miles de niños están siendo explotados y se están poniendo en gran peligro y es un reto para cada uno de nosotros’‘, dijo Kerry, agregando que es “un tema muy complicado”’ agravado por la situación de inseguridad, violencia y la pobreza, culpando a bandas criminales y traficantes de personas de alentar a las familias a enviar a sus niños hacia el norte.
Autoridades centroamericanas hicieron eco a los comentarios de Kerry y cada uno habló de los programas de sus gobiernos estaban poniendo en marcha para educar a las familias sobre los peligros de enviar a sus hijos a EEUU sin los documentos apropiados.
Entre esas iniciativas se encuentran mejorar el conocimiento de las leyes de inmigración estadounidenses y la intensificación de la aplicación de ley. El número de niños inmigrantes no acompañados detenidos a lo largo de la frontera ha ido en aumento desde hace tres años.
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Más de 52.000 niños no acompañados fueron en la frontera estadounidense desde octubre, situación que Barack Obama calificó como una crisis “humanitaria urgente”.
El 30 de junio, Obama pidió al Congreso más dinero y autoridad adicional para hacer frente a la oleada de menores, en su mayoría de América Central. Obama quiere la flexibilidad para acelerar las deportaciones de los jóvenes y $2 mil millones de dólares para contratar más jueces de inmigración y abrir más centros de detención.
Fuente: Voz de América
