Todo indica que el tema no se resolverá hasta después del mandato de Obama. (Foto: EFE)

Todo indica que el tema no se resolverá hasta después del mandato de Obama. (Foto: EFE)

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Barack Obama lamentó hoy el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que empató en su decisión sobre las medidas migratorias emitidas por el mandatario y dejó en el limbo a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.

[Actualización 24.06.2016 a las 7:56 pm]

Los beneficios económicos que conllevarían las medidas migratorias bloqueadas este jueves en el Tribunal Supremo de Estados Unidos permanecerán en el mismo limbo que los millones de indocumentados que esperan beneficiarse de ellas, según expertos consultados hoy por Efe.

Desde ventajas económicas para los mismos estados que interpusieron la demanda contra las medidas migratorias del presidente Barack Obama, hasta un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se han dejado de percibir a raíz del bloqueo de la regularización temporal de indocumentados.

“Tenemos un medidor que calcula lo que ha perdido el Producto Interno Bruto del país desde la suspensión de la implementación de las medidas (febrero de 2015) y hemos perdido ya 8.300 millones de dólares”, señaló a Efe Philip Wolgin, director asociado del Equipo de Políticas de Inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés).

“Eso significa que hemos perdido 29,9 millones de dólares cada día” agregó Wolgin.

[Actualización 23.06.2016 a las 9:29 pm]

El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó hoy que “es hora de proteger” a Estados Unidos después de que los ocho jueces del Tribunal Supremo hayan empatado en su decisión sobre las medidas migratorias del presidente, Barack Obama, que quedan bloqueadas.

“Es hora de proteger a nuestro país y de hacer a Estados Unidos seguro y grande de nuevo para todo el mundo”, afirmó hoy Trump en un comunicado, haciéndose eco de su lema de campaña “Make America Great Again” (Hacer a EEUU grande de nuevo).

En opinión de Trump, el empate del Tribunal Supremo ha servido para “bloquear una de las acciones más inconstitucionales tomadas nunca por un presidente” y con la que Obama trató de “borrar” las leyes migratorias del Congreso, la única rama del Estado con poder para aprobar una reforma en ese campo.

NOTA ORIGINAL

“El hecho de que el Supremo no pudiera tomar una decisión en este caso nos aleja del país al que aspiramos convertirnos”, opinó el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Las acciones ejecutivas de Barack Obama para detener la deportación de un grueso de los inmigrantes en condición ilegal y permitirles trabajar se encontraban estancadas en la justicia de Estados Unidos.

Tras el resolución, un tribunal inferior decidirá si el presidente excedió sus poderes al emitir la directiva, como reclamó un grupo de estados, con Texas a la cabeza y respaldados por la sentencia de un juez texano que bloqueó las acciones de Barack Obama.

La votación se prolongó varios meses y se esperaba un fallo en contra, por lo que la igualdad demuestra que el Tribunal Supremo de Estados Unidos intentó encontrar los cinco votos necesarios ante un tema cuya importancia aumenta en medio de la campaña por la presidencia. La sala cuenta con ocho miembros desde la muerte del progesista Antonin Scalia en febrero.

En el Senado los republicanos no aceptan la nominación de Barack Obama del juez Merrick Garland antes de las elecciones de noviembre. La presencia del magistrado habría inclinado la balanza a favor de las acciones ejecutivas.

Obama decretó desde el Ejecutivo que quienes pertenecen al programa Acción Diferida para los Padres de los Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, en inglés) soliciten permisos de trabajo si llegaron por lo menos cinco años atrás y no han cometido delitos graves o repetidas faltas. También se incluye a quienes llegaron cuando eran niños.

A criterio de los opositores en el Congreso controlado por republicanos, Barack Obama violó los requisitos legales y el cambio “radical” de la política migratoria significa que millones de indocumentados, al trabajar, podrían recibir beneficios gubernamentales.