En los últimos dos años se destaparon escándalos de corrupción en las regiones peruanas. (Foto: Andina)
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Los gobernadores de las regiones deberían rendir cuentas sobre su gestión y los recursos que manejan ante el pleno del Congreso, propuso el coordinador general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), José Ávila.
Para el funcionario, uno de los grandes déficits del proceso de descentralización es la falta de capacitación de los gobiernos regionales para manejar grandes recursos económicos, la causa de corrupción en muchos casos en que se comete este delito.
“Tienen que hacer rendición de cuentas ante el pleno del Congreso, hay que explorar esa posibilidad, de que los gobernadores regionales rindan cuentas, no porque desconfiemos, sino porque es un ejercicio de control”, planteó acerca de una posible supervisión del Parlamento.
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La cantidad de bienes financieros, acumulados tras el crecimiento económico impulsado por el alto precio de las materias primas que exporta el Perú, requiere de gestión y ejecución del presupuesto, sostiene Ávila.
“Como esa plata no se ha podido ejecutar en obras, como hay falta de capacidad en los funcionarios regionales, entonces la plata ha estado ahí y la tentación, entonces han buscado a malos ciudadanos y funcionarios para tener la oportunidad de despilfarrar”, agregó.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ahora presidente de la CAN, propone la instalación de una comisión regional anticorrupción, que incluya a representantes de la sociedad civil y las autoridades.
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“Él ha priorizado el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales, para que puedan instalar sus comisiones y elaborar sus planes anticorrupción. Es importante ese compromiso de la sociedad civil, si los ciudadanos no denuncian, no exigen a las autoridades un comportamiento ético, vamos a entrar en una complicidad muy peligrosa y un círculo muy peligroso, en el cual la corrupción no solo puede capturar al Estado sino a la sociedad”, acotó.
Según estimaciones de la Contraloría General de la República, el costo de la corrupción al Estado peruano asciende a unos S/.10.000 millones al año.
