(Foto: Andina)

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El Juzgado Penal Colegiado Nacional a cargo del juicio oral por el caso “narcoindultos” realizará sesiones de cinco horas para resolver con celeridad este proceso conforme a las reglas del nuevo Código Procesal Penal, informó su titular, Francisco Medina Salas.

Dicho juicio comenzó el pasado 22 de julio y tuvo en la víspera su segunda sesión, en la que el fiscal Walter Delgado formalizó la acusación contra los 14 procesados, los hechos y delitos que se le atribuyen a cada a uno, así como las circunstancias en que estos se habrían cometido.

Según el fiscal, se trata de un caso de corrupción que benefició al narcotráfico, porque se habría otorgado de manera irregular conmutaciones (rebajas) de pena a condenados por delito de narcotráfico agravado, incluso a bandas completas de narcotraficantes.

Para el principal inculpado, Miguel Facundo Chinguel, solicitó 17 años de prisión; mientras que para los acusados Noelia Gómez Paulet, Manuel Carrera Toribio, Dámaso Luyo Vicente, Fredy Vilela Nijahuanca, Edith Ojeda Julca, Carlos Butrón Dos Santos, Rafael Agurto Chiguán y Henry Cutipa Paricahua, la pena de 16 años.

A Bernardina Niquén Giraldo, 15 años de prisión; José Marrufo Acosta, nueve años; Jaime Acevedo Saavedra, ocho años; Lorenzo Toledo Leyva, seis años; y Teófila Alzamora Leyva, tres años.

Se les imputa la comisión de los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado.

Los integrantes del colegiado (Francisco Medina Salas, Guillermo Huamán Vargas y María Guillén Ledesma) solicitaron al fiscal algunas precisiones con respecto a la acusación.

Por su parte, el procurador anticorrupción, Joel Segura, sustentó el pago de la reparación civil ascendente a 100 millones de nuevos soles que deberían pagar en forma solidaria los 14 acusados, en caso de ser sentenciados.

La audiencia continuará el 6 y 7 de agosto, a las 10:00 horas en el Penal Piedras Gordas. Próximamente se decidirá la solicitud del fiscal para que las sesiones se realicen en la sede de la Sala Penal Nacional, en el Centro de Lima, vía el sistema de videoconferencia.

Fuente: Andina