El respeto a los pueblos indígenas es un punto central del acuerdo sobre el medio ambiente. (Foto: Getty Images)

El respeto a los pueblos indígenas es un punto central del acuerdo sobre el medio ambiente. (Foto: Getty Images)

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Los gobernadores regionales de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali suscribieron el 30 de agosto la Declaración de Guadalajara, en México, con la que se comprometen a reducir la deforestación y promover políticas en favor del medio ambiente.

Como miembros del Consejo Interregional Amazónico (CIAM), participaron en la reunión del Consejo del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF). En el documento se destaca la importancia de los bosques de la Amazonía para la provisión de servicios ecosistémicos al Perú y al mundo.

En esta línea, enfatizan la necesidad de revertir la pérdida de áreas verdes en esta región, la más extensa del Perú, una gran reserva de biodiversidad, agua y carbono. Se reconoce el vínculo entre el respaldo al medio ambiente con la mejora de la calidad de vida y reducción de la pobreza.

“Reconocemos la importancia de reducir las emisiones procedentes de la tala y quema de bosques para contribuir a lograr las metas del Acuerdo de París, pero sobre todo porque es fundamental para el desarrollo sostenible del Perú y nuestras regiones”, resaltó el gobernador de Ucayali y presidente del CIAM, Manuel Gambini.

Asimismo, el acuerdo recalca el papel de los pueblos indígenas, el respeto a sus derechos y la seguridad jurídica de sus territorios. El texto acerca del medio ambiente fue entregado a la embajadora Patricia Espinosa, flamante encargada de la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

El Ministerio del Ambiente resaltó que la Declaración de Guadalajara es acorde a la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), recientemente aprobada luego de dos años de trabajo, a través de proyectos a ser diseñados por las regiones y el Ejecutivo.

“Ahora que está aprobada la ENBCC, corresponde aplicarla para atender las necesidades específicas de cada región y de la Amazonía en su conjunto”, refirió Rubén Alva, gobernador de Huánuco.

“Lograr jurisdicciones de deforestación neta cero es una aspiración que compartimos y que refleja nuestro compromiso, para lo cual aplicar el enfoque de producción-protección es el camino a seguir: incrementar la productividad de las áreas ya deforestadas y dar mayor valor al bosque en pie para evitar que sea talado y que todo ello se refleje en una marca Amazonía”, agregó el gobernador de San Martín, Victor Noriega.

“Hay necesidad de superar lo más rápidamente posible la situación de informalidad existente en actividades extractivas de recursos no renovables, como la minería aurífera aluvial, el aprovechamiento forestal o el acceso a tierras agropecuarias”, añadió la autoridad regional de Madre de Dios, Luis Otzuka.

“Se reconoce el potencial existente en tierras ya deforestadas en las cuales es posible realizar a través de plantaciones forestales e instalar sistemas agroforestales para recuperar cobertura de bosques, con lo que se contribuye a las metas de restauración. No requerimos deforestar más para crear más riqueza, requerimos mejorar la productividad”, apuntó Gilmer Horna, gobernador regional de Amazonas.

LA DECLARACIÓN DE GUADALAJARA

-Impulsar la aplicación del enfoque de producción-protección, basado en incrementar la productividad y reducir la presión sobre los bosques, con recursos públicos y del sector privado nacional e internacional.

-Ampliar el marco legal de las asociaciones público-privadas productivas sostenibles, que incorporen a las poblaciones locales, enfocadas en un portafolio verde para la Amazonía.

-Establecer la Agencia de Promoción Privada Sostenible de la Amazonía, para atraer inversiones privadas sostenibles, inclusivas y competitivas.

-La aplicación de la modernización de la gestión pública en la Amazonía, con énfasis en la gestión forestal.

-La aplicación de instrumentos de compensación de impactos ambientales, bajo el enfoque de producción–protección, y la aplicación de esquemas de creación de valor compartido en un marco de gestión integral del paisaje, para superar situaciones de acceso informal a los recursos naturales.

-Garantizar la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, a través de la titulación y el saneamiento físico legal de sus territorios.

Fuente: Andina