Sindicatos laborales, organizaciones universitarias, grupos feministas y colectivos civiles participaron en marcha de respaldo a la propuesta del presidente, Martín Vizcarra, del adelanto de las elecciones generales al 2020. (Foto: EFE/Paolo Aguilar)
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Por: EFE/Álvaro Mellizo
Análisis | Perú cierra un año agitado y dramático guiado por la gigantesca maraña de corrupción que estalló en 2017 y cuyas lentas y dolorosas revelaciones marcaron 2019 con un ritmo de muerte, caídas en desgracia y la confirmación de usos y abusos del poder económico para tejer influencias a espaldas de los ciudadanos.
Los intentos de la Justicia para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades también han tenido su margen de protagonismo, con un accionar que si bien no ha estado exento de errores, tropiezos, retiradas y lentitudes, ha permitido dibujar una trama a la que aún restan importantes capítulos por resolver.
“Lo avanzado en la lucha anticorrupción no ha tenido precedentes en la historia del Perú, pero es un avance con fragilidad inherente, fruto del trabajo de grupos pequeños, la prensa de investigación, pocos jueces y fiscales y un presidente de la República que llegó por accidente”, dijo a Efe Gustavo Gorriti, periodista y uno de los mayores conocedores del caso Lava Jato en el país.
DRAMÁTICA SALIDA DE ESCENA
En la mañana del pasado 17 de abril, el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) recibió la visita de un equipo de la Policía con un mandato judicial para su arresto.
García – eje de la vida política peruana desde principios de los años 80 del siglo pasado -, que llevaba semanas denunciando acoso de la Fiscalía y poco antes pidió, sin éxito, asilo en Uruguay, eludió a los funcionarios, subió a su habitación y se disparó en la cabeza.
El exmandatario, que fue despedido como un mártir por sus cada vez más escasos simpatizantes y con indiferencia y desapego por la mayoría de los peruanos, se mató tras difundirse que Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en Perú, había entregado 4 millones de dólares a su secretario, Luis Nava, para que la empresa lograra el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Meses después, con el fantasma de García ya desvanecido, Nava firmó un acuerdo con la Fiscalía y detalló cómo el exmandatario recibía dinero de Odebrecht en maletines y fiambreras.
Otro presunto testaferro de García, Miguel Atala, también confesó que los 1,3 millones de dólares que mantenía en una cuenta bancaria de Andorra eran del exmandatario, fruto de los pagos que Odebrecht hizo para beneficiarse de la amistad del presidente.
EL HILO FUJIMORI
Keiko Fujimori, la líder del partido opositor Fuerza Popular, fue protagonista desde la prisión donde estuvo recluida casi todo el año, desde que en octubre de 2018 fue encarcelada para evitar que intercediera a través de sus aliados políticos en las investigaciones por lavado de activos que se siguen en su contra.
El Tribunal Constitucional, en una polémica decisión, ordenó su liberación en noviembre último, pero los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela han vuelto a pedir su entrada en prisión bajo la premisa de que organizó y dirigió desde Fuerza Popular una trama para blanquear aportaciones irregulares a las arcas de su partido.
Se espera que en los próximos días un juez decida si Fujimori regresa a prisión, le imponga otra medida restrictiva o la deje en libertad hasta que se le abra un juicio oral, en el que se valorarán las nuevas pruebas conseguidas por los fiscales.
SIMBÓLICAS REVELACIONES
Y esas nuevas pruebas no son pocas, empezando por la confirmación hecha por Barata en Brasil de que efectivamente entregó millones de dólares a Fujimori para sus campañas electorales en 2011 y 2016.
Aunque la Fiscalía señala que ese dinero provino de la “caja B” de la empresa, fuente de dinero ilícito, lo más novedoso y revelador provino del corazón del mundo económico peruano, ya que el presidente del grupo Credicorp, Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos de Perú, confesó en noviembre que dio 3,65 millones de dólares a Fujimori para sus campañas políticas.
Al poco, otros líderes empresariales confirmaron la práctica habitual de entregar dinero fuera de los cauces regulares a Fujimori y su partido, algo que obligó a la defensa de la líder opositora a cambiar radicalmente de tesis.
Hasta ese momento, había afirmado con vehemencia que todas las aportaciones habían sido bancarizadas, registradas y verificadas, pero ahora admite pagos irregulares y el denominado “pitufeo”, es decir, una estructura de “lavado” que pasaba por utilizar a centenares de falsos donantes para que asumieran las donaciones millonarias de las empresas, si bien apunta a que no era algo ilegal.
Por este motivo, la Fiscalía añadió a las acusaciones contra Fujimori por lavado de activos, la presunta comisión de asociación ilícita, falsa declaración, fraude procesal y falsedad genérica.
SECUNDARIO DE LUJO
Otras confesiones de Odebrecht dejaron también por el camino a personajes secundarios pero reveladores del extremo en que la corrupción ha penetrado en las estructuras del país, entre ellos César Villanueva, quien orquestó como diputado la destitución de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) como presidente de Perú, precisamente por sus vínculos con Odebrecht.
Villanueva, quien arrancó 2019 como primer ministro de Martín Vizcarra en plena cruzada anticorrupción, termina el año en prisión tras aparecer en los registros de Odebrecht como receptor de sobornos cuando fue gobernador de la región amazónica de San Martín.
Poco después, la Policía averiguó que Villanueva había intentado infiltrar al equipo fiscal que lo investigaba y sobornar a varios de ellos a cambio de información sobre su caso.
Otro episodio secundario es el del “Club de la Construcción”, una trama de empresas constructoras que funcionó aparentemente como un cártel para financiar sobornos y repartirse obras públicas.
Graña y Montero, la mayor constructora del país y socia de Odebrecht en varias de las obras que hizo tras pagar sobornos, cerró el año con el anuncio de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que promete revelaciones de insondable profundidad.
EL FINAL DE LA TRAMA
El 2020 será clave para llegar al final de muchos de estos casos con la apertura de los juicios orales, como al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia, quienes afrontan peticiones de más de 20 años de prisión por presunta corrupción.
También se espera que el juicio contra Keiko Fujimori se abra formalmente lo antes posible, en febrero o marzo, según indicó recientemente a la prensa el fiscal Vela.
Durante el año se verán también avances en la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), preso en EE.UU, y se dilucidará la situación de Kuczynsky, en arresto domiciliario mientras prosiguen las investigaciones en su contra.
“Cuando Toledo sea extraditado no tendrá muchas opciones (…) En el caso de Keiko, la investigación en términos de lavado y ocultamiento de bienes y obstrucción a la Justicia está probada en exceso… En cuanto a Alan García, no hay investigación penal pero el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los bienes que deben ser incautados va a continuar”, vaticinó Gorriti.
Fuente: EFE
